“El gobierno
no puede hacerlo más rico, pero puede hacerlo más pobre.”
Ludwig Von Mises
En junio la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba “que el
gobierno no subiría los impuestos ni a la clase trabajadora ni a la clase media”.
Pues sí, una vez más mienten. Aún con los presupuestos de unos de los gobiernos
que más ha subido los impuestos en los últimos años, como fue el PP de Mariano
Rajoy, nos encontramos con un nuevo hachazo a la clase trabajadora, encubierto
una vez más bajo el lema de “conciencia social” o “presupuestos sociales”. No
es más que un ataque al bolsillo de autónomos y clase media.
Para comenzar, a nivel macro el ejecutivo estima una caída del PIB (Producto
Interior Bruto) de un 11,2%. Mientras tanto, el FMI (Fondo Monetario
Internacional) prevé que la caída será del 12,8%.
Fuente: FMI
Por otro lado, el gobierno de
Sánchez e Iglesias, estima que el crecimiento de la economía será del 9,8%
mientras que el FMI, en su informe “Perspectivas
de la Economía Mundial, capitulo 1, octubre de 2020”, considera
sin embargo, un aumento menos optimista (un 7,2%). Os preguntareis cuál es la
causa de éste incremento de un año a otro. Según indican en el borrador de los
presupuestos, se debe al impacto de los fondos europeos. Es decir, no es que
exista un plan ambicioso para crear empresas, para ayudar al paro juvenil, sino
que aumentamos la dependencia de Europa.
Aprovechando este cuadro extraído
del informe anteriormente escrito, el gobierno estima que la tasa de paro se
situaría en el 17,1%, en tanto el FMI nos sitúa con dicha tasa en el 16,8%. Con
respecto a las previsiones para 2021 el gobierno estima que caerá 0,8 puntos,
situándola en el 16,3%. El FMI cree que dicha tasa sería prácticamente la misma
que en 2020.
Sé que actualmente estoy
analizando la situación económica y los presuntos Presupuestos Generales del
Estado, pero basta con observar el resto de países desarrollados de la UE para
que nos demos cuenta de la situación en la que nos encontramos, y la
importancia que tienen estos presupuestos de cara al futuro. Tan solo Grecia
nos superaría con una tasa de paro superior a la nuestra.
Más aspectos destacables para
estos presupuestos son los 3.000 millones de euros para lo que llaman “consolidar”
el IMV (Ingreso Mínimo Vital), que estiman afectaría a 850.000 hogares.
Respecto a este tema, permítanme que les diga, huele más a instrumento
electoral que a una ayuda real.
En cuanto a las pensiones,
revalorizarían un 0,9%, lo que afectaría a 9,76 millones de pensionistas, y el
1,8% para las no contributivas. Una vez más, se aplaza el agujero en el sistema
de pensiones.
Un dato que el Gobierno deberá
aclarar, será ese aumento del 70,3% en partidas sociales para afianzar el mal
llamado “Estado del Bienestar”.
El ejecutivo, está dispuesto a
cambiar el modelo productivo de nuestro país, y quiere hacerlo, no con
flexibilidad, si no más con gasto público; esto me recuerda al famoso plan E de
José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, gasto improductivo.
Apuestan por unas llamadas
políticas de industrias que inyectarían 5.690 millones de euros, el incremento
de 1.300 millones para el sector turístico gravemente dañado por la epidemia.
Quieren seguir regando de dinero público a las renovables con 5.300 millones de
euros. Ahora veremos el impacto de las medidas de ingresos que proponen Sánchez
e Iglesias.
En primer lugar, subidas de 2
puntos para rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y subidas de 3 puntos
para rentas del capital superiores a 200.000 euros. ¿Justificación? Aumentar la
progresividad al impuesto. Estiman un impacto de 491.4 millones de euros y
36.194 contribuyentes afectados.
Un comentario muy común que se
podrá oír es: “Ah bueno, mis rentas no llegan a esos niveles”, “a mí no eso no
me afecta”. ERROR. Vivimos en un país que necesita inversión extranjera,
necesita creación de millones de empresas. Hay que inculcar a las próximas
generaciones algo que es básico para poder comprender aspectos claves de
nuestra economía. El sector público únicamente es sostenible por dos vías:
endeudándose o de la forma más común, con la extracción de rentas vía impuestos
a los contribuyentes. Si el mercado privado no es fuerte, no se puede esperar
un sector público de las mismas características. Por supuesto el ejecutivo
ignora, o en su defecto oculta, que estas estimaciones de ingresos se
producirían ceteris paribus (todo se mantiene constante). Es decir, se está
suponiendo que, aunque se suban los impuestos a este tramo de rentas, los
agentes económicos no harían nada para salvar su dinero de las garras del
gobierno.
Proponen dificultar las
reducciones en planes de pensiones privados, de 8.000 a 10.000 euros, el límite
de aportaciones máximas a planes individuales baja a 2.000 euros. Es decir, con
un sistema de Seguridad Social quebrado que, por supuesto, no garantiza
pensiones para el futuro, penaliza que el contribuyente quiera ahorrar por su
cuenta. Estamos ante un nuevo ataque a la libertad del individuo.
A los contribuyentes que se rigen por módulos,
prorrogan los limites vigentes. Es decir, no hay ningún tipo de ahorro fiscal
para ellos.
Por lo que respecta al Impuesto
de Sociedades, quieren limitar al 95% de la excepción sobre dividendos y
plusvalías en filiales. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejecutivo pretende
penalizar a las grandes empresas por los resultados obtenidos en el exterior.
Con esta medida aspiran recaudar 1.520 millones de euros.
Con respecto al Impuesto de
Patrimonio, plantean elevar el tipo aplicable a partir de 10 millones de euros,
del (2,5% al 3,5%). Con estas medidas quieren garantizar que los que más tienen
aporten más. Es decir, una medida más para penalizar el ahorro.
Un proyecto que ha dado titulares
es el incremento del tipo del IVA del 10% al 21% a bebidas azucaradas y
edulcoradas. Esta medida pretende recaudar 400 millones de euros. Lo cual no
entiende de rentas. Ataca a cualquiera que libremente desee tomar este tipo de
bebidas. Quieren imponer lo que se debe o no hacer, una vez más, atacando la
libertad individual del contribuyente.
Por último, aumentar el tipo
estatal sobre el diésel, que subiría del 30,7 a los 34,5 céntimos por litro. La
ministra Montero asegura que esta medida no tiene afán recaudatorio, tan solo
carácter medioambiental.
Mi conclusión final es clara: España
necesita atraer capital, y desde luego estas medidas no crean ningún tipo de
incentivos para que así sea. Actualmente, con una deuda cercana al 110% del
PIB, las medidas de este gobierno son seguir aumentando el gasto. Esto no hará
otra cosa que posponer las reformas estructurales que se deberían realizar. Ya
el Banco de España ha informado que, en un futuro próximo, será inevitable
aumentar impuestos y reducir el gasto, así que es que es necesario aliviar este
shock lo máximo posible al contribuyente. Recordar que esto es un borrador de
los futuros Presupuestos Generales del Estado, pero todo parece indicar que en
ningún caso habrá bajadas de impuestos.
Alonso Gómez
