“Cuanto más “planifica” el Estado, más difícil se
vuelve
la planificación para el individuo”
Friedrich Von Hayek
Esta crisis ha demostrado que la planificación estatal
es tremendamente ineficaz a la vez que injusta, aunque a menudo los políticos
nos quieran convencer que gracias a ellos hemos podido salir hacia adelante, esto
es una nueva falta de respeto hacia el sentido común.
La última evidencia de lo que he expuesto, es el rescate millonario a la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas S.A, que fue fundada en 2011 por dos empresarios españoles: Fernando González y Julio Martínez.
En esta ocasión la historia comienza con el nombramiento
de uno de los protagonistas, Bartolomé Lora, señor que fue nombrado por el
Gobierno para formar parte de la SEPI y que tenía la potestad de resolver las
solicitudes de ayuda temporal solicitadas por las empresas para compensar los
efectos de la pandemia.
La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales), una entidad pública empresarial con dependencia directa del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública de España, rescató a Plus
Ultra Líneas Aéreas con 53 millones de euros a través del fondo de apoyo a la
solvencia de empresas estratégicas que gestiona la entidad que comenté
anteriormente.
En un primer momento, desde una visión estatista,
veríamos con buenos ojos la ayuda a empresas que están cerca de la quiebra,
pero analizando un poco más este caso, nos encontramos evidencias de que esta
asignación no tiene fines de lo que suelen llamar “bien común”, sino más bien
una presunta asignación con fines políticos. Estos fondos estaban condicionados
a dos parámetros claros:
1) Empresas estratégicas
2) Que hubieran
sufrido de forma brusca los efectos de la pandemia
Por lo tanto, y acogiéndonos a estos parámetros,
ninguna de estas dos las cumplía Plus Ultra; por un lado, no es una empresa
estratégica ya que solo cuenta con un avión y representaba un 0,03% del tráfico
aéreo español. Así que queda evidenciado que no es una empresa estratégica. Y
analizando el segundo parámetro, Plus Ultra desde su fundación no ha obtenido
beneficios, por lo que su pésima situación no viene afectada por los efectos
del COVID-19, viene de mucho más atrás. Y es que, aunque el Gobierno actual de
España insista en que Plus Ultra sí era una empresa estratégica, la evidencia dicta
claro que no lo es.
Este año solo tenía como viajes la ruta Madrid-
Caracas, otro aspecto que escama por la relación que pueda tener con la
dictadura venezolana, ya que tenemos precedentes de la fascinación que siente
parte del Gobierno por el gobierno venezolano.
Esta asignación de 53 millones de euros ha sido
duramente criticada por Manos Limpias. VOX ya interpuso una querella ante el
Tribunal Supremo contra el Gobierno y el Consejo de Administración de la SEPI,
ya que entienden que esa asignación es un instrumento puramente político.
Esta cuestión al llegar a los tribunales, hizo que la
titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Esperanza Collazos, haya
incoado diligencias de investigación sobre la aerolínea Plus Ultra, ya que al
parecer existen evidencias de malversación de caudales públicos contra
Bartolomé Lora.
Esto es un ejemplo más de que la intervención estatal
es ineficaz a la vez que inmoral. En primer lugar, ineficaz ya que la
asignación de los recursos públicos previamente extraídos de forma coactiva al
contribuyente se distribuyen de forma poco ética y tan solo favoreciendo los
intereses del político. Esto tiene sentido en forma de que gestionando el
dinero de otro, la percepción del riesgo es mucho menor que si gestionamos
nuestro propio dinero. En segundo lugar, resulta inmoral que el dinero extraído
de forma coactiva al trabajador, vaya destinado a mantener una empresa que no
genera ningún tipo de valor para la sociedad. Al final, sobre el ciudadano
recae la pésima gestión del burócrata a través de mayores impuestos, o de un
peor servicio público, todo ello para mantener una vida plena al gobernante.
Alonso Gómez