La educación de la
juventud no es ni poco ni muy importante;
tiene una repercusión
universal y absoluta.
(Aristóteles)
Como cada comienzo de
legislatura, el gobierno que entra, vuelve a poner una losa en el futuro de los
jóvenes. Una vez más, un grupo de burócratas decidiendo sobre el futuro de las
nuevas generaciones. España no solo se enfrenta a un trance sanitario y
económico, se enfrenta a una gran crisis intelectual. El mayor ejemplo se
encuentra en el Congreso de los Diputados. En dicha cámara cada vez es más
difícil poder presenciar una batalla de nivel.
Todo comienza con la entrada en democracia (1978) de nuestro país.
1. Se implanta en primer lugar la LGE (Ley General de Educación) estando vigente hasta 1980.
2. En 1980, el gobierno de Adolfo Suarez elabora la LOECE.
3. La LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) en 1985 a través del PSOE.
4. Tan solo 5 años más tarde, el PSOE vuelve a crear una nueva ley, esta vez llamada LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo).
5. En 1995, una vez más, el PSOE vuelve a la carga con la LOPEG (Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes).
6. El PP se estrena, en este sin fin de leyes educativas, con la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) en 2002. El gobierno de José María Aznar nunca llegó a aplicarla, fue paralizada en 2004 por Zapatero.
7. En 2006, otra vez el PSOE trajo la LOE (Ley Orgánica de Educación), famosa por la inclusión de la asignatura de: Educación para la ciudadanía.
8. La LOMCE, implantada por el PP en 2013, más conocida como la Ley WERT es considerada como una de las más polémicas de la democracia.
Después de siete leyes
educativas, nos encontramos con una más, conocida como “Ley Celaá”. Con un
comportamiento similar al resto de leyes, todas vienen para hacer una educación
“fuerte”, donde los más jóvenes no tengan que marcharse fuera de sus fronteras
buscando un futuro mejor. Es incomprensible y bochornoso que en 40 años de
democracia hayan existido ocho leyes educativas, lo que significaría, que cada cinco
años y medio se cambian dichas leyes.
No hace falta ser adivino para
saber que esta nueva ley educativa no va a solucionar nada. Una vez más, una
ley realizada de forma sectaria y obedeciendo criterios puramente políticos. El
sindicato independiente de profesores (ANPE) denuncia la falta de diálogo y de
negociación por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional en su
elaboración.
Uno de los temas, que más cola ha traído, es la lengua vehicular, ya que dicha ley persigue que sean las comunidades autónomas las que puedan determinar cuál es la lengua que se va a usar en las aulas para explicar tanto materias lingüísticas como no lingüísticas. Actualmente, el castellano es acosado por independentistas en Cataluña, por lo que dicha ley abriría una autopista para poder expulsar de una vez nuestra lengua de las aulas catalanas.
La disposición cuarta de dicha ley obliga a derivar a niños con discapacidad desde donde actualmente estudian, es decir, colegios con los medios necesarios tanto logísticos como profesionales, a colegios ordinarios. El Gobierno se apoya en un informe de 2017 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidad. Dicho informe ha sido muy criticado por más de 150 asociaciones españolas, agrupadas en la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También.
El pasado 10 de noviembre, la plataforma
Más Plurales presentó 748.000 firmas que apoyan la paralización de la LOMLOE.
La izquierda, desde hace ya un tiempo, tiene puesto su objetivo en los centros
que segregan por sexo. Una vez más, desde el poder quieren decirnos lo que es
correcto y lo que no. Por lo tanto, cualquier centro educativo que pretenda
organizar su funcionamiento por segregación no recibirá ningún tipo de
financiación, y a todo el que quiera construir nuevos centros con la misma
metodología, no se le cederá suelo público para ello.
Con respecto a los centros
concertados, quieren asfixiarlos financieramente, la LOMLOE incluye la
prohibición expresa del pago de cuotas a dichos colegios a través de sus
fundaciones. Por lo tanto, no sería posible pedir ningún tipo de cuota o
donativo a las familias que tengan a sus hijos en dichos colegios. Un termino
que eliminan es el de la “demanda social”, es decir, si aumenta la demanda de
las familias, no podrán crear nuevas plazas.
Por concluir, vemos como
realmente los estados odian la libertad, estas medidas solo buscan que seamos
más subsidiario, aún si cabe, de ellos. No quieren que tengamos opinión propia,
nos la quieren imponer. Tal y como dije al principio, en estos momentos de
crisis intelectual que nos asola, es cuando más críticos hay que ser con los
gobernantes, al fin y al cabo, la mitad de nuestra renta la usan para darnos
unos servicios que deberían ser de calidad y nunca partidistas. Pero ya sabéis,
el político solo busca maximizar votos, nunca busca el bienestar del individuo.
Alonso
Gómez Argente
