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COMER CARNE, OTRA FARSA PARA ESCONDER LOS PROBLEMAS REALES DEL PAÍS

“Mientras más gasta el gobierno, menos puede gastar el ciudadano. Las obras públicas no se hacen con el poder milagroso de una varita mágica. Son pagadas con los fondos arrancados a los ciudadanos” 

Ludwig Von Mises 

En los últimos días han sido noticia las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón. Sus teorías sobre el consumo de carne han sido noticia en todos los telediarios. Sin duda es un tema que serán los especialistas los que en última instancia deban de investigar, pero no necesariamente quiero abordar el tema científico de si es bueno o no comer carne.


Actualmente vivimos tiempos difíciles. Con la crisis de las puntocom en 1997, llegó el primer varapalo con la entrada del nuevo siglo. Más tarde, el efecto dominó que produjo el atentado terrorista sobre el World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Los Gobiernos y Bancos Centrales se pusieron en marcha para crear una de las mayores burbujas económicas que se recuerdan desde el Crack del 29. Dicha burbuja estalló en España en 2008. Mientras que los países del norte se ajustaban en el gasto y en su mercado laboral, en España se miraba para otro lado. Esto provocó que las consecuencias de dicha burbuja fueran mucho más significativas en nuestro país que en los países vecinos de Europa. Después de estallar, el mercado se fue deshaciendo de todas las actividades improductivas que se crearon de forma artificial, gracias al dinero barato que producían los Bancos Centrales. Y cuando parecía que la historia nos iba a dar un respiro, nos metemos de lleno en una pandemia mundial proveniente de China, en la que han muerto 4 millones de personas en todo el mundo, con más de 185 millones de casos producido por el virus asiático. Debido a la inoperancia de los estados para atajar cualquier problema, acudieron a lo que mejor saben hacer: dilapidar el dinero en servicios que ya están siendo investigados por presunto fraude. 

Tras esto, nos encontramos en España con una deuda pública que supera el 125% del PIB, es decir, todo lo que genera nuestro país durante un año más un cuarto del siguiente. Esa es la deuda que tenemos actualmente, por si alguien lo prefiere ver en valores absolutos, la bochornosa cifra sería aproximadamente de: 1.426.476.500 € a día 09 de julio de 2021, es decir, cada persona debemos ahora mismo cerca de 30.000 euros. 

 Dicha situación sería más fácil de revertir si hubiese una situación en la que existiera pleno empleo; a muchos les sería más asequible dicha deuda, ya que al estar trabajando se podría ir pagando, pero nada más allá de la realidad, España actualmente tiene una tasa de paro que se sitúa en el 16%, lo que representa más de 3 millones y medio de personas en situación de desempleo. Por supuesto los organismos oficiales no meten dentro de dicho porcentaje los ERTES, que actualmente superan el medio millón de personas. Es necesario destacar que España lidera el ranking de desempleo juvenil, un indicador que demuestra que el mercado laboral español NO FUNCIONA, y que quienes más sufre la ineficiencia de la gestión de nuestro país son los jóvenes, que se ven abocados a irse de nuestro país en busca de un futuro mejor. A continuación, dejo el gráfico de la vergüenza, que debería hacer reflexionar a muchos.

                            Fuente: Eurostat

Tras este gráfico, podemos observar como tenemos también el penoso privilegio de liderar el déficit público en el año 2020 en Europa, con una cifra que superó el 11%. 

                            Fuente: Eurostat

Ante esta situación, ¿Qué es lo que nos queda por ver? ¿No creen que estos son los datos que deberían abrir los informativos? Pero no, lo importante es que el ministro de Consumo aconseja no comer carne, o en cambio como lleva haciendo un tiempo, nos recomienda que tipo de hortalizas debemos consumir y cuales no. ¿Qué tipo de país tenemos? Y siento decirlo así, pero la culpa no es de los políticos per se, es de los ciudadanos que formamos este país. Los políticos tan solo son el reflejo de nuestra sociedad. Una sociedad que prioriza los gestos, las banderas, o las frases cortas antes que el futuro de toda nuestra generación. Nos encontramos ante una sociedad cortoplacista, en la que el horizonte temporal es muy alto, es decir, no estamos dispuesto a sacrificar el consumo presente por un consumo futuro mejor. De ahí que no se vea con malos ojos ni exista una critica generalizada a la enorme deuda a la que nos enfrentamos en nuestro país. 

 Por suerte, esta situación solo la podemos cambiar nosotros, ni por asomo penséis que serán los políticos. Pero es necesario que emerja la actitud crítica, y no nos dejemos “comprar” con noticias que tan solo sirven para desviar la atención del ciudadano. 

Hay países que ya estuvieron en nuestra situación, y que tras muchos periodos de crisis se dieron cuenta cual es la verdadera solución a la precariedad laboral, a la deuda pública o a la educación de los jóvenes. Tan solo hay que ver los casos recientes de Irlanda tras la crisis de 2008, donde cogió con fuerzas las virtudes del capitalismo, y después de ser rescatada por la UE, ahora mismo es uno de los países referentes en el Mundo. O si prefieren podemos irnos a algún año atrás, donde los países del Este de Europa, tras la catástrofe económica y social que produjo el comunismo en dichos lugares, ahora mismo van camino de ser el motor de Europa. 

 Esto ya no consta de ideología o no, es sentido común. Un país donde exista un absoluto respeto por la propiedad privada y una mínima intervención estatal en los servicios, asegura un aumento de la riqueza y mejora de los niveles de vida. No existe un país que teniendo esta característica vaya mal. Por lo tanto, grábense bien la idea de que el Estado NUNCA es la solución a los problemas, tan solo sirven como barrera al progreso de la sociedad. 

Alonso Gómez

LEY CELAÁ, LA DECADENCIA EDUCATIVA

 

La educación de la juventud no es ni poco ni muy importante;

tiene una repercusión universal y absoluta.

(Aristóteles)

Como cada comienzo de legislatura, el gobierno que entra, vuelve a poner una losa en el futuro de los jóvenes. Una vez más, un grupo de burócratas decidiendo sobre el futuro de las nuevas generaciones. España no solo se enfrenta a un trance sanitario y económico, se enfrenta a una gran crisis intelectual. El mayor ejemplo se encuentra en el Congreso de los Diputados. En dicha cámara cada vez es más difícil poder presenciar una batalla de nivel.

Todo comienza con la entrada en democracia (1978) de nuestro país.

1.      Se implanta en primer lugar la LGE (Ley General de Educación) estando vigente hasta 1980.

2.      En 1980, el gobierno de Adolfo Suarez elabora la LOECE.

3.      La LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) en 1985 a través del PSOE.

4.      Tan solo 5 años más tarde, el PSOE vuelve a crear una nueva ley, esta vez llamada LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo).

5.      En 1995, una vez más, el PSOE vuelve a la carga con la LOPEG (Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes).

6.      El PP se estrena, en este sin fin de leyes educativas, con la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) en 2002. El gobierno de José María Aznar nunca llegó a aplicarla, fue paralizada en 2004 por Zapatero.

7.      En 2006, otra vez el PSOE trajo la LOE (Ley Orgánica de Educación), famosa por la inclusión de la asignatura de: Educación para la ciudadanía.

8.      La LOMCE, implantada por el PP en 2013, más conocida como la Ley WERT es considerada como una de las más polémicas de la democracia.

Después de siete leyes educativas, nos encontramos con una más, conocida como “Ley Celaá”. Con un comportamiento similar al resto de leyes, todas vienen para hacer una educación “fuerte”, donde los más jóvenes no tengan que marcharse fuera de sus fronteras buscando un futuro mejor. Es incomprensible y bochornoso que en 40 años de democracia hayan existido ocho leyes educativas, lo que significaría, que cada cinco años y medio se cambian dichas leyes.

No hace falta ser adivino para saber que esta nueva ley educativa no va a solucionar nada. Una vez más, una ley realizada de forma sectaria y obedeciendo criterios puramente políticos. El sindicato independiente de profesores (ANPE) denuncia la falta de diálogo y de negociación por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional en su elaboración.

Uno de los temas, que más cola ha traído, es la lengua vehicular, ya que dicha ley persigue que sean las comunidades autónomas las que puedan determinar cuál es la lengua que se va a usar en las aulas para explicar tanto materias lingüísticas como no lingüísticas. Actualmente, el castellano es acosado por independentistas en Cataluña, por lo que dicha ley abriría una autopista para poder expulsar de una vez nuestra lengua de las aulas catalanas.


La disposición cuarta de dicha ley obliga a derivar a niños con discapacidad desde donde actualmente estudian, es decir, colegios con los medios necesarios tanto logísticos como profesionales, a colegios ordinarios. El Gobierno se apoya en un informe de 2017 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidad. Dicho informe ha sido muy criticado por más de 150 asociaciones españolas, agrupadas en la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También.

El pasado 10 de noviembre, la plataforma Más Plurales presentó 748.000 firmas que apoyan la paralización de la LOMLOE. La izquierda, desde hace ya un tiempo, tiene puesto su objetivo en los centros que segregan por sexo. Una vez más, desde el poder quieren decirnos lo que es correcto y lo que no. Por lo tanto, cualquier centro educativo que pretenda organizar su funcionamiento por segregación no recibirá ningún tipo de financiación, y a todo el que quiera construir nuevos centros con la misma metodología, no se le cederá suelo público para ello.

Con respecto a los centros concertados, quieren asfixiarlos financieramente, la LOMLOE incluye la prohibición expresa del pago de cuotas a dichos colegios a través de sus fundaciones. Por lo tanto, no sería posible pedir ningún tipo de cuota o donativo a las familias que tengan a sus hijos en dichos colegios. Un termino que eliminan es el de la “demanda social”, es decir, si aumenta la demanda de las familias, no podrán crear nuevas plazas.  

Por concluir, vemos como realmente los estados odian la libertad, estas medidas solo buscan que seamos más subsidiario, aún si cabe, de ellos. No quieren que tengamos opinión propia, nos la quieren imponer. Tal y como dije al principio, en estos momentos de crisis intelectual que nos asola, es cuando más críticos hay que ser con los gobernantes, al fin y al cabo, la mitad de nuestra renta la usan para darnos unos servicios que deberían ser de calidad y nunca partidistas. Pero ya sabéis, el político solo busca maximizar votos, nunca busca el bienestar del individuo.

                                                                                                                      Alonso Gómez Argente

 

 

COMER CARNE, OTRA FARSA PARA ESCONDER LOS PROBLEMAS REALES DEL PAÍS

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