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¿PRESUPUESTOS PARA LA RECUPERACIÓN?

 

“El gobierno no puede hacerlo más rico, pero puede hacerlo más pobre.”

               Ludwig Von Mises


En junio la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba “que el gobierno no subiría los impuestos ni a la clase trabajadora ni a la clase media”. Pues sí, una vez más mienten. Aún con los presupuestos de unos de los gobiernos que más ha subido los impuestos en los últimos años, como fue el PP de Mariano Rajoy, nos encontramos con un nuevo hachazo a la clase trabajadora, encubierto una vez más bajo el lema de “conciencia social” o “presupuestos sociales”. No es más que un ataque al bolsillo de autónomos y clase media.


 Para comenzar, a nivel macro el ejecutivo estima una caída del PIB (Producto Interior Bruto) de un 11,2%. Mientras tanto, el FMI (Fondo Monetario Internacional) prevé que la caída será del 12,8%.

    


   Fuente: FMI

Por otro lado, el gobierno de Sánchez e Iglesias, estima que el crecimiento de la economía será del 9,8% mientras que el FMI, en su informe “Perspectivas de la Economía Mundial, capitulo 1, octubre de 2020”, considera sin embargo, un aumento menos optimista (un 7,2%). Os preguntareis cuál es la causa de éste incremento de un año a otro. Según indican en el borrador de los presupuestos, se debe al impacto de los fondos europeos. Es decir, no es que exista un plan ambicioso para crear empresas, para ayudar al paro juvenil, sino que aumentamos la dependencia de Europa.

Aprovechando este cuadro extraído del informe anteriormente escrito, el gobierno estima que la tasa de paro se situaría en el 17,1%, en tanto el FMI nos sitúa con dicha tasa en el 16,8%. Con respecto a las previsiones para 2021 el gobierno estima que caerá 0,8 puntos, situándola en el 16,3%. El FMI cree que dicha tasa sería prácticamente la misma que en 2020.

Sé que actualmente estoy analizando la situación económica y los presuntos Presupuestos Generales del Estado, pero basta con observar el resto de países desarrollados de la UE para que nos demos cuenta de la situación en la que nos encontramos, y la importancia que tienen estos presupuestos de cara al futuro. Tan solo Grecia nos superaría con una tasa de paro superior a la nuestra.

Más aspectos destacables para estos presupuestos son los 3.000 millones de euros para lo que llaman “consolidar” el IMV (Ingreso Mínimo Vital), que estiman afectaría a 850.000 hogares. Respecto a este tema, permítanme que les diga, huele más a instrumento electoral que a una ayuda real.

En cuanto a las pensiones, revalorizarían un 0,9%, lo que afectaría a 9,76 millones de pensionistas, y el 1,8% para las no contributivas. Una vez más, se aplaza el agujero en el sistema de pensiones.

Un dato que el Gobierno deberá aclarar, será ese aumento del 70,3% en partidas sociales para afianzar el mal llamado “Estado del Bienestar”.

El ejecutivo, está dispuesto a cambiar el modelo productivo de nuestro país, y quiere hacerlo, no con flexibilidad, si no más con gasto público; esto me recuerda al famoso plan E de José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, gasto improductivo.

Apuestan por unas llamadas políticas de industrias que inyectarían 5.690 millones de euros, el incremento de 1.300 millones para el sector turístico gravemente dañado por la epidemia. Quieren seguir regando de dinero público a las renovables con 5.300 millones de euros. Ahora veremos el impacto de las medidas de ingresos que proponen Sánchez e Iglesias.

En primer lugar, subidas de 2 puntos para rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y subidas de 3 puntos para rentas del capital superiores a 200.000 euros. ¿Justificación? Aumentar la progresividad al impuesto. Estiman un impacto de 491.4 millones de euros y 36.194 contribuyentes afectados.

Un comentario muy común que se podrá oír es: “Ah bueno, mis rentas no llegan a esos niveles”, “a mí no eso no me afecta”. ERROR. Vivimos en un país que necesita inversión extranjera, necesita creación de millones de empresas. Hay que inculcar a las próximas generaciones algo que es básico para poder comprender aspectos claves de nuestra economía. El sector público únicamente es sostenible por dos vías: endeudándose o de la forma más común, con la extracción de rentas vía impuestos a los contribuyentes. Si el mercado privado no es fuerte, no se puede esperar un sector público de las mismas características. Por supuesto el ejecutivo ignora, o en su defecto oculta, que estas estimaciones de ingresos se producirían ceteris paribus (todo se mantiene constante). Es decir, se está suponiendo que, aunque se suban los impuestos a este tramo de rentas, los agentes económicos no harían nada para salvar su dinero de las garras del gobierno.

Proponen dificultar las reducciones en planes de pensiones privados, de 8.000 a 10.000 euros, el límite de aportaciones máximas a planes individuales baja a 2.000 euros. Es decir, con un sistema de Seguridad Social quebrado que, por supuesto, no garantiza pensiones para el futuro, penaliza que el contribuyente quiera ahorrar por su cuenta. Estamos ante un nuevo ataque a la libertad del individuo.

 A los contribuyentes que se rigen por módulos, prorrogan los limites vigentes. Es decir, no hay ningún tipo de ahorro fiscal para ellos.

Por lo que respecta al Impuesto de Sociedades, quieren limitar al 95% de la excepción sobre dividendos y plusvalías en filiales. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejecutivo pretende penalizar a las grandes empresas por los resultados obtenidos en el exterior. Con esta medida aspiran recaudar 1.520 millones de euros.

Con respecto al Impuesto de Patrimonio, plantean elevar el tipo aplicable a partir de 10 millones de euros, del (2,5% al 3,5%). Con estas medidas quieren garantizar que los que más tienen aporten más. Es decir, una medida más para penalizar el ahorro.

Un proyecto que ha dado titulares es el incremento del tipo del IVA del 10% al 21% a bebidas azucaradas y edulcoradas. Esta medida pretende recaudar 400 millones de euros. Lo cual no entiende de rentas. Ataca a cualquiera que libremente desee tomar este tipo de bebidas. Quieren imponer lo que se debe o no hacer, una vez más, atacando la libertad individual del contribuyente.

Por último, aumentar el tipo estatal sobre el diésel, que subiría del 30,7 a los 34,5 céntimos por litro. La ministra Montero asegura que esta medida no tiene afán recaudatorio, tan solo carácter medioambiental.

Mi conclusión final es clara: España necesita atraer capital, y desde luego estas medidas no crean ningún tipo de incentivos para que así sea. Actualmente, con una deuda cercana al 110% del PIB, las medidas de este gobierno son seguir aumentando el gasto. Esto no hará otra cosa que posponer las reformas estructurales que se deberían realizar. Ya el Banco de España ha informado que, en un futuro próximo, será inevitable aumentar impuestos y reducir el gasto, así que es que es necesario aliviar este shock lo máximo posible al contribuyente. Recordar que esto es un borrador de los futuros Presupuestos Generales del Estado, pero todo parece indicar que en ningún caso habrá bajadas de impuestos.

                                                                                                                                    

Alonso Gómez

 

CISMA EN EL PODER JUDICIAL

Debemos ser consciente que podemos estar viviendo un antes y un después en el Poder Judicial. Actualmente dicho poder disfruta de una leve independencia, pero después de los acontecimientos que estamos viviendo, parece que muy pronto quedará en nada. 

Esta semana está abriendo todas las portadas de los periódicos la reforma que tanto PSOE como Unidas Podemos quieren llevar a cabo. Buscan que el Congreso y el Senado puedan elegir a los 12 jueces y magistrados y a los 8 abogados o juristas a través de una mayoría absoluta en vez de una mayoría cualificada. 

La diferencia es: 

Mayoría cualificada: 3/5 partes de la cámara 

Mayoría absoluta: La mitad más uno de la cámara. 

Con la primera mayoría consigues que exista un consenso mayor que con una mayoría absoluta, aun así, lo deseable sería encontrar una independencia total dentro del Poder Judicial. 

¿Qué buscan con esta Proposición de Ley? Pues, básicamente, que tan solo con la coalición de gobierno puedan sacar adelante la renovación del CGPJ. ¿Qué supondría esto? el fin de la independencia judicial. 

Actualmente, el Consejo General del Poder Judicial lo compone el presidente, que en este caso es el mismo que preside el Tribunal Supremo. En un rango inferior lo forman 20 Vocales. 


                                Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Las reacciones no han tardo en llegar. Desde diferentes instituciones han hecho público su preocupación por la posible deriva a la que se dirige el Poder Judicial.

En primer lugar, el gobierno polaco a través del viceministro de asuntos exteriores, Pawel Jablonski, hizo público unos tweets donde expresaba su pesar por la reforma que quiere realizar el actual gobierno de coalición en España. Esto en parte es debido a que la Comisión Europea tiene varios expedientes sancionadores abiertos a dicho país por intentar dejar a un lado la independencia judicial.

Por otro lado, la Asociación Europea de Jueces ha expresado su preocupación. El martes 13 publicó un comunicado en el que expresaba su inquietud por dicha reforma, ya que creen que sería dar un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del poder judicial en España. Al estar dentro de un marco común en Europa, creen que afectaría a la imagen dentro de la Unión Europea. 

Las tres principales asociaciones judiciales: Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, han firmado un manifiesto en el cual denuncian la reforma que se quiere llevar a cabo. Creen que llevaría a una politización aún mayor de la que hay. 

La presidenta de la mayoritaria asociación de fiscales, Cristina Dexeus, dice lo siguiente: "No beneficia ni a la separación de poderes ni a la despolitización de la justicia". 

Como últimas noticias, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han emitido un comunicado en el cual informan de que no van a asistir a las reuniones convocadas por el Ministerio de Justicia. Esto es debido a que el fin principal para dichas asociaciones es defender la independencia judicial. No van a hablar con quién ataca de pleno a dicha independencia y los sitúa fuera de los valores y estándares europeos de separación de poderes. 

Como es de esperar, la política busca sacar redito de cualquier motivo, a veces, dichas medidas benefician a los ciudadanos, aunque en la mayoría de ellas tan solo buscan perpetuarse en el poder. En esta ocasión, el partido VOX ha dado un golpe en la mesa en el problema que nos ocupa ahora mismo. 

El grupo parlamentario VOX ha registrado este viernes una Proposición de Ley en el cual proponen retornar al sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial de la ley orgánica de 1980. En el cual, 12 de los 20 vocales serían elegidos entre jueces y magistrados mediante elecciones libres, mientras que los 8 restantes, lo elegirían entre Congreso de los Diputados y Senado, por mayoría de 3/5. 

Cuando el bipartidismo dominaba el espectro político, los dos partidos mayoritarios se "repartían" los jueces. 

Hasta ahora, aunque el poder judicial evidencia una falta de independencia, si es cierto que tanto izquierda como derecha tenían que llegar a un consenso para conseguir la renovación del CGPJ. Es necesario no conformarse con este sistema, ya que hasta que no se consiga una independencia real en el tercer poder, la justicia estará sujeta al partido que gobierne en ese momento.

Para que que eso ocurra, es vital que los políticos saquen sus garras de donde nunca deberían haberlas puesto.

Por concluir, estamos viviendo un acontecimiento histórico en nuestra democracia, ya que podemos ver por terminada la poca independencia judicial que teníamos hasta ahora.


Alonso Gómez


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